Como enfrentarse al Proceso de Incapacidad

La situación por la que tiene que pasar una persona enferma para que le sean reconocidas las prestaciones de Incapacidad Permanente es, en muchas ocasiones, complicada. Los pacientes comprueban de primera mano como la Seguridad Social deniega sus peticiones sistemáticamente, sin realizar una completa y correcta valoración, tanto de las enfermedades padecidas como de las limitaciones producidas por éstas y sin profundizar en la influencia que tales limitaciones plantean en la esfera laboral del paciente.

Sabemos que detrás de ese tipo de decisiones, se esconden probablemente, motivos puramente económicos y presupuestarios.

Si enfrentarse a un proceso judicial es penoso en la gran mayoría de los supuestos, en casos en los que se pide una ayuda en forma de pensión por no poder realizar la actividad laboral que se venía ejerciendo, la desdicha se multiplica por diez. Las personas imposibilitadas, se encuentran en situaciones muy difíciles, con poco ánimo debido a las dolencias que sufren. Pues bien, si esto fuera poco, hay que añadir el sentimiento de frustración que sienten cuando comprueban de primera mano que el Estado, en lugar de prestarles el amparo esperado y necesario, deniega casi sistemáticamente las solicitudes sin realizar estudio alguno ante la reclamación  planteada.

Afortunadamente, Juzgados y Tribunales vienen corrigiendo este criterio tan austero que mantiene la Administración a la hora de reconocer prestaciones de Incapacidad Permanente.

Es conveniente, que la solicitud que se realiza al INSS reclamando una prestación por Invalidez, se haga de forma correcta. La labor del abogado en estos casos no es otra que  plantear dicha solicitud de forma fundada, sustentada en informes médicos precisos que acrediten claramente: las secuelas que produce la enfermedad o enfermedades, las limitaciones que suponen dichas secuelas al trabajador y su influencia en las actividades laborales que desempeña.

Cabe la posibilidad de que solicitud planteada sea estimada en todo o en parte por el INSS. En caso de denegarse, se abre la Vía Judicial, en donde se el trabajador reflejará su desacuerdo presentando una Demanda ante los Juzgados de lo Social.

Los procesos judiciales por Incapacidad Laboral, no suelen ser procesos sencillos. De hecho, en multitud de ocasiones hay que acudir a los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma para lograr el resultado pretendido.  No hay que olvidar, que este tipo de prestaciones no son ningún regalo de la Seguridad Social. Estas prestaciones son el resultado de las aportaciones realizadas por los trabajadores a lo largo de su vida laboral para cubrir este tipo de contingencias.

Los abogados que tratamos habitualmente con personas enfermas sabemos lo mucho que significa, e implica para ellos, tener una prestación por Invalidez. La prestación no sólo posee las connotaciones económicas inherentes a ella;  para un paciente al que se le reconoce dicha prestación, no solo supone una mejoría en su precaria situación económica,  sino también en la personal, al sentirse menos dependiente, reconocido al fin como enfermo y por supuesto, con mas libertad.

Mi especialización en este campo vino en sus inicios determinado por la tramitación de un proceso de solicitud de Incapacidad Permanente en la persona de un familiar aquejado de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Múltiple, viviendo casi en primera persona el sufrimiento, desasosiego y desánimo que acompañan al afectado y a su entorno.

Sabréis que ante una situación de Incapacidad para el desempeño de la actividad laboral existe en primer lugar la vía de la Incapacidad Temporal con una duración máxima general de 18 meses y que se utiliza en aquellos casos en los que el trabajador padece limitaciones de carácter temporal y no definitivo. Dichos períodos de Incapacidad Temporal tienen como objetivo la recuperación de la capacidad laboral. En el supuesto de que las limitaciones derivadas de las patologías padecidas sean de carácter crónico o presumiblemente definitivo, o bien transcurrido el periodo máximo general de 18 meses no se haya alcanzado la capacidad laboral, entraríamos en el ámbito de la Incapacidad Permanente.

La Incapacidad Permanente está regulada en la vigente Ley General de Seguridad Social y contempla cuatro grados:

Incapacidad Permanente Parcial.

-Incapacidad Permanente Total, para la profesión habitual.

Incapacidad Permanente Absoluta, para toda profesión u oficio.

Gran Invalidez, con necesidad de asistencia. (Ver artículo en este mismo Blog)

En el caso de trabajadores (funcionarios públicos) incluidos en MUFACE, el régimen jurídico aplicable es diferente a lo anterior, contemplándose exclusivamente la denominada Jubilación por Incapacidad Permanente.

Gracias por dedicarme una parte de vuestro tiempo.

Espero que el artículo os haya servido de ayuda.

Vicente Javier Saiz Marco, abogado

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